Si el Estado colombiano quisiera ponerse al día con el campo, se necesitaría de una inversión anual de $4,2 billones en promedio por parte del Gobierno a partir del próximo año y hasta 2035 para saldar la deuda, según el más reciente reporte de la Misión para la Transformación del Campo que aborda el cierre de brechas sociales en educación, salud, nutrición, vivienda y servicios.

El informe publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), señala que de ejecutarse las cuatro propuestas generales y ocho sectoriales que plantean, lograría reducir el déficit de calidad de vida en hasta 8% en los próximos 20 años que propenda por eliminar el analfabetismo, la definición de un plan maestro de infraestructura rural para la construcción de megacolegios y la adopción de modelos de educación flexibles, así como la profundización del subsidio de vivienda de interés social y la implementación de políticas para el suministro de agua.

Las estrategias globales están planteadas por el equipo de expertos dirigido por José Antonio Ocampo y señala en la segunda de seis estrategias que entregará la Misión, titulada ‘Cierre de brechas sociales con enfoque de derechos’ que son inmensos los desafíos que tiene el aparato  estatal con el campo si quiere que con tiempo se eviten mayores dramas a los ya causados a lo largo de varias décadas.

Las proyecciones que elaboró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, para la Misión revelan que los costos para cerrar la brecha de bienes de interés social en las zonas rurales suman en  educación, vivienda, agua, saneamiento básico, primera infancia y adulto mayor $2,9 billones anuales adicionales en promedio durante el periodo 2016-2020 y aumentan hasta 2035 a $6,1 billones.

Según Simón Gaviria, director del DNP, “el enfoque del ejercicio parte del  reconocimiento de que la política pública nacional ha mantenido un sesgo  que ha hecho crecer  las brechas urbano - rurales dejando a los habitantes del  campo rezagados en su desarrollo”.

La Misión asegura que la educación es la dimensión que exigiría mayores recursos ($2,9 billones), más en gestión que en infraestructura en sí misma, para que en 20 años la formación media pase de 25% a 100% de cobertura. En esta materia ya se han adoptado algunos compromisos.

Vivienda es  la segunda prioridad en materia de inversión con una participación de 37% (equivalente a $2,1 billones)  para alcanzar cobertura total, con lo que quedaría atrás el déficit actual de 56,7%. Además, los hogares con servicio de acueducto pasarán de 53,3% a 70%.

El informe advierte que financiar la inversión social adicional (0,6% del PIB promedio anual) para el cierre de brechas “requiere de ajustes en las fuentes de financiación actuales y nuevos instrumentos”, comenzando por el Sistema General de Participaciones (SGP), que deberá colocar 35% del total requerido “con un criterio de ruralidad más progresivo”.

El documento marco de la Misión para la Transformación del Campo resalta la necesidad de buscar la inclusión, tanto social como productiva como vía para el desarrollo rural. El diagnóstico actual muestra como los pobladores rurales presentan una alta incidencia de pobreza (45,9% según el índice multidimensional) y de pobreza extrema (24%).

Estos y otros indicadores que dan cuenta de la magnitud del problema serán la base para el diseño de política pública, que incluirá articulación entre las entidades del Estado, nuevos programas sociales, mayores inversiones, mejores mecanismos de subsidios, alternativas flexibles y modificación de las estructuras organizacionales.