El Gobierno le encomendó al exministro y catedrático José Antonio Ocampo liderar una misión con la que se busca formular planes de largo aliento para cerrar las brechas sociales entre lo urbano y lo rural, y dar un vuelco a la institucionalidad agropecuaria en las próximas décadas, según informó en el diario El Espectador de Bogorá, el periodista Héctor Sandoval.

Hacer un completo diagnóstico y formular políticas de Estado para dar un giro a los complejos problemas del campo colombiano, en medio de tiempos en los que el Gobierno negocia un acuerdo de paz con las Farc en Cuba, fue la misión que el presidente Juan Manuel Santos le encomendó al exministro de Agricultura y catedrático de la Universidad de Columbia José Antonio Ocampo y a un equipo constituido por expertos como Cecilia López Montaño, Juan Camilo Restrepo, Roberto Junguito, Absalón Machado, José Leibovich, Alejandro Reyes, entre otros.

José Antonio Ocampo, doctor en economía de la Universidad de Yale y actual director de la Iniciativa de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia, le contó a El Espectador que la denominada misión rural, en la que está incluido el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tiene como desafíos principales la formulación de políticas de Estado de largo aliento para solucionar los numerosos problemas del país, aportar al Plan Nacional de Desarrollo y contribuir a cerrar las enormes brechas sociales existentes entre lo urbano y el campo.

Este año las conclusiones de la misión —que tiene el apoyo de organismos como el Banco Mundial, la FAO y el CIAT—, deberán ser entregadas al Gobierno.

¿En qué va la misión rural que le ha encomendado el Gobierno y que está conformada por gremios y organismos internacionales?

Apenas está empezando sus trabajos. Tuvimos la inauguración del consejo directivo y la siguiente tarea es avanzar en una serie de estudios sobre temas de interés de la misión; hay que completar el mapa de esas investigaciones.

La primera discusión del consejo dio lugar a una identificación de lo que faltaba en términos de trabajos que nos sirvan de base. La misión, como se ha anunciado, tiene un objetivo amplio y de largo plazo. Es de todo el sector rural, no sólo del agropecuario.

Tanto o más importantes que los temas específicos del agro son las brechas sociales que hay entre ciudad y campo, las de infraestructura y las de todo tipo. También interesa ver qué posibilidades hay de fomentar actividades no agropecuarias.

No se trata de dar soluciones de corto plazo. Esperamos aportar algunas ideas al próximo Plan Nacional de Desarrollo y plantear políticas de Estado para enfrentar los problemas del sector rural.

¿Cuáles son esas grandes políticas que debe formular el país en el largo plazo para el campo?

El primer problema, desde lo social, es ver cómo se cierran brechas educativas, de salud, etc., que hoy día son inmensas. Hay que mirar cómo se fomenta el acceso a la infraestructura y a las vías terciarias en las cuales ha habido un gran rezago.

El segundo asunto es cómo se fomentan las actividades productivas que tengan un efecto incluyente; que les permitan a sectores y a la agricultura familiar insertarse en redes de producción, de comercio y que los lleve a elevar significativamente sus ingresos y a salir estructuralmente de la pobreza, lo cual está ligado a los factores anteriores y al acceso a la tecnología, al capital y a la tierra. En todos estos temas hay grandes problemas en Colombia.

Los actuales disgustos del agro con el Gobierno y las protestas, ¿qué tan políticos son?

Me parece que todos los sectores tienen derecho a plantear sus posiciones. Obviamente, la coyuntura electoral en la que estamos siempre ha sido momento de planteamientos. En el caso del sector agrario, las movilizaciones del año pasado, a mi juicio, están ligadas con las negociaciones que van a rondar en torno a la instrumentación del proceso de paz.

El Gobierno ha insistido en asociatividad y transformación institucional.

¿Qué tan viable es pensar en esas estrategias?

Hay que hacer una transformación institucional muy profunda. En algunos casos se puede construir sobre lo que viene del pasado. Por ejemplo, en materia de crédito (la institucionalidad conformada por el Banco Agrario y Finagro).

En otros casos habrá que hacer un revolcón importante en materia de desarrollo tecnológico y de asistencia técnica; también en apoyo al desarrollo campesino.

Incluso la instrumentación de algunos de los elementos del proceso de paz que tienen que ver con la titulación de tierras y con la formalización de las titulaciones. Es un reto inmenso. Además, para hacer una economía familiar incluyente vamos a tener que repensar las instituciones.

Y no esto, sino la forma como las políticas para lo rural llegan a la base territorial y a los sectores sociales y económicos; ellos son finalmente los agentes de su propio desarrollo.

¿Cómo va a incorporar la misión a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes?

Vamos a hacer un inventario de múltiples iniciativas que ya han estado en marcha en escalas regionales. La idea es ver esas experiencias y otras que podamos traer de países como Brasil (la más exitosa allá es el desarrollo de la agricultura familiar).

Hay que realizar ese inventario para que lo que ha tenido éxito llegue a sectores campesinos.

Esto es una hoja de ruta de dos décadas…

Se ha planteado que se quieren políticas de Estado que hemos entendido como parte de lo que hay que hacer para consolidar el proceso de paz.

Cuando se refiere a políticas de Estado, ¿cómo entrarían a formularse en el largo plazo?

Me refiero a los esquemas institucionales que permitan hacer eso bajo cualquier gobierno. Que esto sea independiente de los giros políticos. Mal que bien, Colombia tenía una institucionalidad para el sector agropecuario que perduró mucho tiempo.

Cuando fui ministro de Agricultura heredé esa institucionalidad, sin embargo, debe estar profundamente modificada por algunos cambios que ha habido y que no han resultado positivos.

Otra de las grandes problemáticas del campo continúa siendo la informalidad laboral…

Hay dos elementos diferentes, pero complementarios. Uno es que el trabajador asalariado del campo tenga los mismos beneficios de un asalariado de ciudad. Nuestro gran foco es la agricultura familiar, estamos hablando de unidades productivas con trabajadores por cuenta propia. Queremos ofrecerles a ellos una oportunidad. En otros casos no es sólo producción agropecuaria, sino otras actividades. Por ejemplo, el turismo rural es una de las posibilidades interesantes.

El Gobierno habla de agricultura familiar, pero los gremios dicen no saber qué es…

Esa crítica no la entiendo. Este concepto es conocido y tiene que ver con el concepto de economía campesina. Todos los estudios indican que los sectores más atrasados del campo son las pequeñas unidades no asalariadas (las de agricultura familiar). A esas tenemos que prestarles atención, porque allí están los problemas más graves de desigualdad y atraso.

¿Cómo se complementan el Pacto Agrario anunciado por el Gobierno en septiembre pasado y la misión rural como temas de largo aliento?

El Pacto Agrario va a formular políticas de largo aliento en distintos elementos. Esas propuestas las tendremos en cuenta en nuestro trabajo.

¿Cuánto tiempo tomará la misión?

El Gobierno ha planteado que las recomendaciones deben estar listas para finales de este año. Estamos trabajando con este cronograma, aunque hay un pequeño impedimento: los resultados del Censo Agropecuario, que es un ingrediente esencial, estarán disponibles hasta octubre (desde 1970 no se realiza esta medición).

Se están realizando alianzas con múltiples entidades internacionales, como el CIAT, la FAO, la Cepal —que ya está trabajando—, los gobiernos de Brasil y Francia, la CAF y el Banco Mundial.

Haciendo un paralelo con la misión Kerry, ¿qué diferencias hay?

La misión Kerry original es de 1949. El profesor Kerry es una persona de enorme importancia histórica que planteó grandes desafíos para el uso eficaz de la tierra. Un tema que tendremos que discutir es cómo usar la tributación para generar incentivos apropiados al buen uso de la tierra.

Una de las preocupaciones en Colombia es que los grandes terratenientes no pagan impuestos…

Hay distintos asuntos en esta materia. No se puede hacer una generalización; hay propietarios que pagan impuestos. El tema es cómo se usa la tierra.

La tierra más apta debe usarse en agricultura. Un ejemplo es el Valle del Cauca, donde la agricultura empresarial es de tierras planas y que son empleadas en agricultura altamente productiva.

Ese modelo debe extenderse a lo empresarial. Sin embargo, no siempre lo plano se usa así. Muchas veces la producción agrícola se sigue haciendo en las laderas porque no hay tierra plana.

El Gobierno sostiene que de 20 millones de hectáreas cultivables, menos de 5 millones se usan…

Hay zonas de Colombia que deben ser ganaderas; no estamos eliminando esa posibilidad. Existe el hecho obvio de que este país es de laderas. La gran revolución fue el café. La pregunta es no sólo cómo se consolida ese producto, sino cómo se pueden desarrollar otros que tengan el mismo efecto.

Los pequeños campesinos aún no saben cómo se van a vincular a un modelo empresarial…

Es un tema que se plantea correctamente. Es un asunto en el que tenemos que ofrecer alternativas. Incluso, si un campesino no puede vivir con una hectárea hay que mirar cómo se vincula a propiedades de mayor tamaño.

¿Cómo sería la Colombia rural dentro de tres décadas?

Esa Colombia rural debe ofrecer oportunidades a quienes habitan allí en igualdad de condiciones a las de la gente de las ciudades, que permita reducir la desigualdad.