Dos duros golpes recibió la Federación Colombiana de ganaderos, Fedegan, y de manera particular su presidente, José Félix Lafaurie, quien no pertenecerá en adelante a la junta directiva de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, Vecol. Además, el Gobierno decidió no renovarle por diez años el millonario contrato para manejar los parafiscales de la carne y la leche, y solo le dio una prórroga de nueve meses.

Estas dos situaciones son un nuevo mensaje de alarma del gobierno para el gremio ganadero, que le sube la temperatura a una pelea que los tiene divididos porque el presidente de Fedegan ha sido señalado de intervenir abiertamente en política, sin respetar su fuero y dedicación por el campo donde se encuentran todo tipo de posiciones por parte de los agremiados.

Lo cierto es que el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia cambió a la mitad de su junta directiva y el Gobierno quedó con una mayoría absoluta en la empresa mixta. Gracias a esa movida, sacó al líder del gremio que agrupa a la mayoría de ganaderos del país, acérrimo crítico del proceso de paz como caja de resonancia del expresidente Àlvaro Uribe y tiene varias peleas casadas con el presidente Santos por adelantar conversaciones de paz con las guerrillas de las Farc en la Habana.

Como corresponde a las jugadas de póker a las que acostumbra el presidente Santos, los cambios en Vecol fueron resultado de una estrategia estudiada. Ninguno de los cambios en la junta se veía venir en el salón de Vecol en la Avenida El Dorado donde se realizó la Asamblea. De hecho, la sesión de la junta, que presidió el viceministro Hernán Román no se anunció ningún movimiento. Pero cuando arrancó la asamblea, Arturo Dajud, asesor de Iragorri, anunció que el Gobierno presentaría una plancha con sus propios candidatos para la junta.

Tanta fue la sorpresa que muchos de los asistentes comenzaron a mandarle mensajes de texto a Lafaurie, quien se había excusado -según dos fuentes- por estar enfermo. Con esos cambios, el Gobierno quedó con tres de los cinco asientos -con titular y suplente- en la junta, en vez de uno solo -el del ministro- que tenía antes.

Además de Lafaurie, salieron el ex presidente del Banco Agrario Jorge Restrepo y los ganaderos independientes Camilo Ucrós y Jorge Ferro. En su reemplazo entraron el nuevo vice de desarrollo rural Juan Pablo Díaz Granados (en vez de Román) y tres consejeros de confianza de Iragorri: su asesor gremial Juan Pablo Pineda, su también asesor Juan Pablo Otoya y su secretaria general Alejandra Páez.

Dentro del Gobierno argumentan ahora que Lafaurie debía salir porque Fedegan es el mayor comprador de la vacuna contra la aftosa -el producto estrella de Vecol- y tenía un conflicto de intereses al estar sentado en la junta que tomaba decisiones de la empresa. La preocupación es que Vecol pueda terminar en manos de cuotas políticas como sucedió con el ICA, el Incoder o el Banco Agrario.

La gran incógnita de ahora gira alrededor del gerente Elías Borrero a quien le queda año y medio de contrato a término definido y retirarlo acarrearía una cuantiosa indemnización, además que es muy apreciado en el sector y que ha sido ratificado seis veces desde su nombramiento en 2003.

Pero la otra noticia que recibió Fedegan y su máximo dirigente José Félix Lafaurie fue que el ministro Iragorri decidió prorrogarle solo por nueve meses el contrato de administración de los casi 100 mil millones de pesos que maneja anualmente el Fondo Nacional del Ganado, una plata pública que aportan unos 450 mil ganaderos y lecheros en todo el país y cuya finalidad es ser invertida en beneficio de todo el sector.

La razón es que el manejo que le ha dado Fedegán al Fondo le ha valido fuertes cuestionamientos de la Presidencia, la Contraloría, el Ministerio de Agricultura, los propios gremios lecheros como Colanta o empresas como La Alquería y que, en todo caso, se resolverá de manera definitiva el 31 de diciembre y que Lafaurie insiste en hacer ver que si se le niega el contrato se trata de una persecución política por no ser santistas, dejando de lado las advertencias hechas por los contralores Sandra Morelli y Edgardo Maya, además del ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.