Colombia siembra algo más de cien mil hectáreas de fríjol y estas arrojan, anualmente, cerca de ciento diez mil toneladas, que llegan a los hogares colombianos, para la preparación, entre otras, de las famosas “frijoladas” y la emblemática Bandeja Paisa.

Los recuentos indican que Santander, Tolima, Huila, Antioquia, Nariño y Cundinamarca siembran el 98% del área total en el país, labor que despliegan más de cien mil campesinos. El Meta no figura en esas cifras, no porque no siembre sino por defecto de las estadísticas, pues supera en área a departamentos registrados como Boyacá, Atlántico y Bolívar.

El promedio de producción del fríjol metense está por encima del nacional y mundial; se trata de cultivadores eficientes como los que más, afectados en su competitividad por arreglos comerciales internacionales que no compensan los subsidios externos con ayudas al producto nacional, ni instrumentos de política agraria que les mejore su idoneidad.

Este cultivo es de pequeños campesinos, que han desarrollado su actividad, básicamente sin ayuda oficial; lo cual significa sin investigación y sin asistencia técnica especializada, sin regulación de precios para sus insumos, sin canales de comercialización justos y sin representación gremial que los defienda.

La productividad nacional es de tonelada larga por hectárea, siendo la media mundial inferior a la nativa. En el mundo Brasil, India, China, Myanmar (Birmania), México y Estados Unidos, siembran la mayoría de los 17 millones de hectáreas que se cultivan. Los principales exportadores son Myanmar (Birmania), China y Estados Unidos; la mayor parte del frijol gringo va al mercado internacional.

El TLC con Estados unidos, determinó un cupo inicial de importación de 15.000 toneladas que crecerán 5 % anualmente, que entran libre de arancel y la tarifa base para lo importado por fuera de dicho cupo es 40% , la cual deberá desaparecer en 10 años.

Los campesinos de san Juanito y El Calvario, denuncian que el precio en el primer año de TLC, se deterioró en casi la mitad de su cotización entre una cosecha y otra, hecho que los coloca en situación de pérdida, incumplimientos de obligaciones crediticias e incertidumbre hacia el futuro, para una actividad convertida en la principal de su accionar agrícola. Transcurridos tres meses no ha sido posible una cita gubernamental para ser escuchados.

Lo anterior a pesar de que el artículo 65 de la Constitución establece: “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. ¿Está contemplado esto en el “Pacto Agrario”?