Los empresarios del campo congregados en la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, entregaron al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos un decálogo de iniciativas que garanticen un mejor desempeño para la producción de alimentos y respaldaron las iniciativas del mandatario para hacer del sector agropecuario una “locomotora” de progreso.

El presidente del gremio, Rafael Mejía López, dijo que no hay excusa para seguir postergando  “la oportunidad de construir un sector agrícola y rural por la senda del crecimiento” que garantice mejores condiciones de vida para la población rural.

La ley de Victimas y Restitución de tierras; el Plan Nacional de Desarrollo; la ley de Formalización y Empleo, los Tratados de Libre Comercio; el censo nacional agropecuario, son varias de las acciones que permitirán que el campo vuelva a renacer.

Palabras del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía López en la instalación del XXXVI Congreso Agrario Nacional.

Me ha correspondido nuevamente, como Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, dirigirme a ustedes, en el XXXVI Congreso Agrario Nacional. Nuestra Institución este año cumple 140 años de existencia, constituyéndose en la Organización Gremial más antigua del país y una de las más antiguas de las Américas. 

Quiero empezar, saludándolo a usted  Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de Colombia, y a su comitiva, a quienes les queremos expresar nuestros agradecimientos por aceptar esta invitación a la cumbre gremial más importante  y representativa del conjunto del sector agrícola.

Igualmente, queremos saludar a los honorables Senadores y Representantes a la Cámara, a las autoridades territoriales, a nuestros conferencistas nacionales y extranjeros, a los periodistas,  y no podemos dejar pasar por alto, a todas las instituciones que nos apoyaron para que este evento se haya realizado,   principalmente a los gremios e instituciones asociadas a la SAC.

Antes de entrar en materia: algo de historia. Efectivamente la SAC cumple 140 años de fundada. Nace en un momento histórico de nuestro país, con la transición de un estado federalista a uno centralista.

Las “Juntas de Agricultores”, creadas mediante decreto constitucional en 1819, constituyen un notable antecedente histórico de organización democrática. Esto, inspiró la creación de un organismo que representara a los agricultores colombianos ante las autoridades, y buscara condiciones propicias para el desarrollo agropecuario.

El nacimiento de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC – fue el 15 de diciembre de 1871.  Entre sus fundadores se citan: Eustorgio Salgar, primer presidente de la SAC, Gregorio Obregón, Manuel Umaña, y Manuel Silvestre, entre otros.

Hoy es una de las instituciones más importantes del país, y representa más del 75% del PIB agrícola nacional.  Por lo cual la SAC tiene vocación de permanencia gracias a sus gremios y entidades asociadas. Es con el Dr. Gabriel Ortiz, en 1911 que se realiza el primer Congreso de la SAC, cuyo objetivo fue sintetizar y poner de presente las legítimas aspiraciones de los agricultores de Colombia

La oportunidad de construir un sector agrícola y rural es ahora. Este evento, en la coyuntura actual,  es hoy más que nunca muy oportuno como un espacio para el debate constructivo y colectivo de la política pública, que nos permita llevar al sector por la senda del crecimiento,  y conseguir las mejores condiciones de vida de la población rural y por ende, de la generación del empleo.

No es del caso entrar a reseñar en detalle los enormes cambios que se están presentando en el país y en particular en nuestro sector; estos con seguridad incidirán en las actividades agrícolas.

Algunos de ellos son: La ley de Victimas y Restitución de tierras; El Plan Nacional de Desarrollo, que le da una especial relevancia al sector agropecuario colombiano, llamándolo la  locomotora del crecimiento y desarrollo; La ley de Formalización y Empleo, en donde además de promover la formalización crea  el Registro  Rural Colombiano,  como un instrumento para consolidar un sistema de información para el sector,  y el cual se debe reglamentar lo más pronto posible. Los Tratados de Libre Comercio; la decisión de poner en marcha el censo nacional agropecuario; la elección de nuevas autoridades locales, en los departamentos y municipios de nuestro territorio, a los cuales felicitamos y ponemos de manifiesto nuestra disposición de colaboración.

Si a ello le sumamos, los ajustes institucionales y presupuestales que se presentarán; el sistema Nacional de Competitividad; el de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico y además, se incorpora la presentación el próximo año, de una ley de Desarrollo Rural y Tierras, vemos que nuestra agenda del congreso  es el punto de partida de un constante trabajo  entre el sector público y privado.

Sumado  a estos aspectos, tenemos un imperativo de poner en marcha los ajustes estructurales que  pongan a tono el país, para enfrentar la competencia internacional y en general, corregir los “cuellos de botella” que afectan al sector.

Ahora, para fortuna del país y del sector, registramos con complacencia las manifestaciones y posiciones del Gobierno Nacional,  cuando afirma que el sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el desarrollo económico y social del país por su participación en el  PIB, su incidencia en las mejores condiciones de vida de la población rural,  en la producción de alimentos y materias primas y en especial su generación de empleo.

Todo lo anterior implica, que las determinaciones gubernamentales deben estar  enfocadas a que el sector rural sea respaldado y apoyado por el conjunto de las instituciones del país. Creemos que es muy importante la consistencia entre el discurso y los hechos. Así lo hemos constatado, salvo en casos muy excepcionales, en donde se pretende debilitar la gestión de la cartera de agricultura.

Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: queremos que desde este Congreso, conozca que el sector privado lo apoya y lo respalda en las gestiones que promuevan el desarrollo rural integral, incluyente.

Asimismo, las perspectivas de precios para alimentos y materias primas son en la actualidad, muy favorables. Según el “agricultural outlook 2011-2020” elaborado por la OECD-FAO, los precios altos dominarán los mercados agropecuarios como respuesta a condiciones climáticas adversas, situaciones de producción y de demanda particulares, además de limitados niveles de inventarios.

Evidentemente, cada día son más escasos los suelos, los recursos naturales; la población continúa creciendo y con ella también crece la necesidad de una mayor producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario.

Precisamente  por ello, es que un país como Colombia,  considerado por la FAO como uno de los siete estados que podrían ampliar su frontera agrícola, debe aprovechar su vocación y aunar esfuerzos para que en el corto plazo, nuestro campo coseche la prosperidad y la paz.

Somos más habitantes rurales de los que creemos, ello implica esfuerzos mayores

Según el informe nacional de desarrollo humano 2011, nuestra realidad demuestra que Colombia resulta ser un país más rural de lo que se pensaba. En efecto, según este estudio, el 32% de los colombianos son pobladores rurales, es decir,  mas de 14 millones de colombianos de los cuales, lamentablemente, el 50% viven bajo la línea de pobreza y el 26% bajo la de miseria.

Sin embargo, después de tres años de contracción en la actividad productiva agropecuaria, el 2011 muestra claras señales de recuperación, alcanzando una tasa de crecimiento promedio para el primer semestre de 4.5%, respecto aL mismo período de 2010. Se calcula que el crecimiento anual estará en el orden del 3.5%. Esto demuestra, los resultados de la última encuesta de opinión empresarial agropecuaria, en donde los agricultores, manifiestan su interés en ampliar sus unidades productivas, con lo que se genera mayor capacidad instalada del sector y por lo tanto, más riqueza.

Vale la pena destacar, que este comportamiento se da en medio de condiciones climáticas adversas, de un retraso en la provisión de bienes públicos básicos necesarios para el desarrollo agrícola y rural. En los últimos  vale la pena destacar: la infraestructura vial, y productiva; la investigación y el desarrollo tecnológico; la formación del capital humano; la conexión a las comunicaciones y la adaptación al cambio climático, entre otros.

La Provisión De Bienes Públicos: Clave Para El Desarrollo Agrícola Y Rural De Colombia

Se hace necesario emprender un trabajo decidido de infraestructura adecuada para la competitividad en el campo, construyendo y manteniendo carreteras primarias, secundarias y terciarias, acordes con las necesidades de nuestros productores; ya que son mas de 2300 tramos de vías que se encuentran en mal estado dificultando así, la movilización de los alimentos de los polos de producción (oferta) a los de consumo (demanda), complicándose por las condiciones climáticas.

De la misma manera, debemos profundizar el acceso al uso de nuevas tecnologías a través de la asistencia técnica: riego, drenaje, centros de acopio, acceso al crédito y acceso a las tic´s, mano de obra formada para desempeñar las actividades del campo y una institucionalidad pública al servicio de nuestro sector.

Reconocemos el esfuerzo del gobierno en la asignación del presupuesto al sector agropecuario  para el periodo 2012, que si bien no es suficiente, alcanzó un volumen de recursos cercano a los $2 billones. Esto significa un aumento del 18.5% en términos corrientes, y del 13% en términos reales, comparado con la vigencia anterior. Esto se traduce en una participación del 1% del presupuesto nacional, sin que sea suficiente para poner a funcionar  la locomotora del campo.

Nuestras Propuestas y Recomendaciones

En cuanto a la ley de Desarrollo Rural y Tierras,  y más que de ella, de la política de desarrollo  agropecuario y rural,  reiteramos que esta debe ser integral, con acceso a financiamiento, agua, servicios públicos, asistencia técnica, servicios asistenciales, pero en general que tenga un enfoque de mejoras en productividad del sector. Así se aseguraría, la facilidad a recursos y bienes públicos, la reducción de la pobreza, la utilización de recursos adecuados, utilizados para el fortalecimiento institucional,  y un ordenamiento concertado del uso del territorio.

Debemos generar un marco legal armonizado, que acabe con la dispersión normativa, que asegure una institucionalidad fuerte y eficiente, y la provisión de bienes para el conjunto de las actividades agrícolas y pecuarias del país.

En materia de regalías, reiteramos nuestra solicitud para que una buena parte de sus recursos se orienten a consolidar un sistema de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico que permita superar las limitaciones en materia de productividad. En este aspecto, es necesario, acompañar este esfuerzo con los Gremios del sector, los CENIS. Aquí, queremos llamar la atención sobre las prioridades en materia de investigación, no sólo las necesidades que surgen en las regiones, sino, que se tengan los elementos sectoriales que puedan incidir en diferentes departamentos o regiones. Es decir desde la demanda. 

En fin, la ley de Desarrollo Rural, debe armonizar y organizar la legislación atomizada; proporcionando las herramientas que faciliten el acceso a la infraestructura de agua.

Por otra parte, el estimulo de la asociatividad, la empresarización y la formalización, deben contar con un tratamiento legal especial para pequeños, medianos y grandes productores.

Ley de Victimas y Restitución de Tierras, una manifestación de Justicia.

Desde el inicio del trámite legislativo, hemos respaldado la iniciativa gubernamental, pues en nuestra opinión, este es un reconocimiento de justicia a los agricultores y ganaderos que fueron víctimas de la violencia.  

De la misma manera, siempre entendimos, lo expresamos en su trámite, y así quedó plasmado, que se preservarían los derechos de propiedad de buena fe, el derecho de defensa y en general sus garantías procesales.

Hoy que ya se pone en marcha, perfilando y desarrollando su institucionalidad, le proponemos implementar mecanismos que permitan un acompañamiento del proceso con instituciones privadas de investigación, y gremios de la producción que aseguren una adecuada utilización de estas normas.

En tal sentido, le solicitamos estimular desde el  Gobierno, la mayor participación del sector privado en la implementación y ejecución de la ley.

Legislación de excepción en materia de competencia para el sector agropecuario.

 Mediante la ley 1340 de 2009, se le dio reconocimiento jurídico especial al sector agropecuario en materia de normas de protección a la competencia, en el sentido de exceptuarla de su ámbito de aplicación  y en particular algunos de los instrumentos de política agrícola, como son los fondos de estabilización de precios, y los de fomento entre otras, tal como se hace en otros países.

En algunos ámbitos del Gobierno se ha pretendido desconocer estos instrumentos de política,  y la excepción prevista en la legislación. Le queremos reiterar la solicitud de preservar y reglamentar esta ley. 

El tema comercial, esperanza de la agricultura

Queremos referirnos a este tema,  pues en nuestra opinión es uno de los más delicados de la actualidad agropecuaria, como es el relacionado con la política comercial del país, la relación entre el sector público y privado, y la transparencia que deben regir las actuaciones de unos y otros.

La SAC ha asistido  y participado activamente en una serie de acuerdos comerciales en los que hemos construido y tratado de preservar los instrumentos de política mínimos pero necesarios para contar con condiciones favorables a los productores del campo. No nos hemos  opuesto a las necesidades de la relación internacional que impone la globalización, entendiendo que los mercados internacionales deben convertirse en una respuesta de crecimiento para el sector.

A pesar de las múltiples distorsiones causadas por los subsidios a la producción  y a las exportaciones, por los países desarrollados, se mantienen hoy más vigentes que en el primer lustro de la década de los noventa, cuando la culminación de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, prometía lo que nunca llego a concretarse: el desmonte de las distorsiones al comercio de bienes agrícolas.

Sin embargo, nuestro país si ha avanzado en el proceso, haciendo concesiones importantes en materia comercial para la agricultura, que le han significado retrocesos en la producción y el desarrollo de algunos subsectores, sin que las compensaciones hayan aumentado significativamente.

El tradicional superávit de la balanza comercial agropecuaria del orden de los US $2.000 millones de dólares anuales, sólo superado por el sector minero energético, continúa similar.  El cambio se ha dado por el valor y no por el volumen.

Hoy, sin embargo, se ciernen sobre el sector amenazas más preocupantes que los mismos acuerdos comerciales. Vemos cómo   desde algunas instancias del gobierno,  se generan todo tipo de planteamientos para vulnerar las ya escasas condiciones comerciales con que cuenta el sector para enfrentar la competencia externa. Resulta angustioso que la adopción de normas necesarias para la implementación y puesta en marcha de los acuerdos comerciales,  se consulten selectivamente, sin siquiera informar al sector agropecuario afectado, sino a quienes tienen interés en que los mecanismos de defensa legítimos y costosamente pactados no lleguen a ser utilizados.

En efecto, en los últimos días se ha pretendido adoptar  decisiones que eliminan la automaticidad de mecanismos de defensa, como las salvaguardias especiales automáticas agrícolas, mediante la introducción en las propuestas normas de discrecionalidades tendientes a impedir y limitar su aplicación.

Con el apoyo  del señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo,  logramos detener esta iniciativa gubernamental.

Siempre hemos aceptado que con un trato equitativo se limiten las distorsiones de la competencia con países desarrollados y podamos enfrentar exitosamente la competencia con los precios internacionales.

El sector agropecuario, se ha visto obligado a contar con los pocos compradores que ofrece el mercado nacional, los que se privilegian de posiciones dominantes en el mercado local. Esto les permite formar los precios  a costa del productor del campo. 

Se propone por iniciativa de empresas y subsectores,  la eliminación de instrumentos como ya se mencionó, de los fondos de estabilización de precios que le permiten a los sectores de avanzada participar y actuar en el mercado internacional.

Y, aunque no nos parecen ortodoxas estas propuestas de algunos productores industriales, no es que nos alteren este tipo de iniciativas. Lo que realmente nos preocupa y nos afecta, es que sean impulsadas a instancias del propio gobierno y se niegue en su momento la posibilidad al sector agropecuario de esgrimir sus argumentos en favor de instrumentos que, como podríamos demostrar, han señalado sus bondades, no sólo para el sector sino para el país.

Es indispensable seguir impulsando las negociaciones comerciales de interés para el sector agrícola, en países como Corea, Japón y China.  Somos conocedores de este gran potencial y lo apoyamos en el impulso de esta iniciativa que, contrario a la mayoría de negociaciones comerciales, será la puerta del desarrollo futuro para la agricultura colombiana.

“Ahora le  toca la oportunidad a la agricultura”. No es para sorprenderse que la capacidad de compra de los asiáticos sirva para desarrollar la locomotora agrícola colombiana  y multiplicarla varias veces; esos mercados nos permitirían superar las limitaciones de crecimiento sectorial de los últimos años.

Hoy  en la ciudad de los Ángeles, se adelanta una nueva “mini” ronda de negociaciones del acuerdo Colombia-Corea. Necesitamos,  que se avance en este encuentro y se culminen las negociaciones en Cartagena. No podemos aceptar que se esgriman argumentos de empleo que no corresponden, cuando nuestro sector, según las cifras oficiales emplea más de 2,1 millones de trabajadores.

Por eso, siempre hemos sido respetuosos de los planteamientos de otros sectores productivos, y no podemos aceptar, que entes ajenos al sector, cuestionen y pongan en tela de juicio nuestras posibilidades para abastecer mercados como el de Corea, dañando la primera negociación comercial con verdaderas oportunidades para el sector agropecuario.

Firmemente creemos que ¡llegó la hora de concretar la negociación con Corea del Sur, no dilatemos las oportunidades para el campo! 

Señor Presidente, permítame apoyarlo por la reciente iniciativa de comenzar, negociaciones comerciales con Japón, otro importante comprador internacional de productos agropecuarios. Hoy necesita del abastecimiento externo y con esta iniciativa, seguro lograremos que los productos agropecuarios y alimenticios colombianos, ocupen un espacio importante en las importaciones japonesas.

Finalmente sobre el tema comercial, cualquier economista entiende que cuando la oferta crece más rápido que la demanda interna, los precios caen, no para el consumidor, el mayor porcentaje de esa caída lo absorbe el productor primario.  Por eso necesitamos Tratados de Libre Comercio favorables al sector agrícola y pecuario.

De que nos vamos a ocupar en el congreso?

Como pueden ver, son enormes los retos que nos esperan para el futuro próximo. Este congreso  se constituye en el  escenario para dar un profundo debate en materia de desarrollo rural. Las tareas que se deben emprender en adelante para que la locomotora del campo vaya por la senda del crecimiento sostenible, es el  enfoque de desarrollo rural integral sostenible en el mediano y largo plazo.

Durante estos tres días, nos concentraremos no solo en evaluar algunas de las definiciones que en  materia de política se han adoptado, sino que también nos ocuparemos de mirar desde una perspectiva de la competitividad, rentabilidad económica, social y política, los temas de desarrollo rural en Colombia.

 Para tal efecto, los casos exitosos en el mundo serán parte de los temas  a tratar con el propósito de aprender, de estas experiencias, las definiciones de políticas y roles internacionales, que muestran como, con la participación del estado y el sector privado, se logra superar la pobreza  generando crecimiento y empleo en las zonas rurales.

En efecto, para la revisión de las experiencias internacionales de desarrollo rural, contaremos con la presencia de destacados conferencistas de Brasil, Sudáfrica y  Estados Unidos.  

Por su parte, uno de los bienes públicos que el sector más valora es la seguridad y tranquilidad en el campo. En tal sentido, se presentarán las diferentes estrategias para enfrentar esta problemática. Por un lado la militar, o la  persuasión por la fuerza, y por otro, la que el sector privado emprende con la colaboración de las fuerzas militares,  logrando una convivencia pacífica en las zonas rurales.

Por otro lado, trataremos temas asociados con la asignación de recursos y ayudas específicas a la provisión de bienes públicos para el sector.

En ese sentido, se ha planteado la necesidad de apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico, la entrega o implementación de políticas que doten de infraestructura, tanto de transporte como productiva, a las entidades agrícolas. Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto la necesidad de la educación para fortalecer el recurso  humano en el campo.

Apreciados amigos, para poner a funcionar  la locomotora del campo, se hace necesario, contar con la infraestructura tanto de transporte adecuado, como la productiva, la tecnología, la investigación e innovación, el fortalecimiento y formación del recurso humano, y la paz, así como los tratados comerciales favorables al sector. 

Señor Presidente, usted expreso en el evento de   Naciones Unidas, resaltando la necesidad que tiene Colombia de un nuevo pacto para avanzar, hacia lo que hemos denominado la Ruralidad Socialmente Competente. Este Pacto, nos permitiría mejorar la calidad de vida de esa tercera parte de la población del país, que vive en el campo.  Pues bien, desde la SAC le aceptamos su propuesta. Muchas gracias