Un enfrentamiento entre el gremio cúpula del sector agropecuario y el gobierno nacional, que estaba incubándose en las últimas semanas, pareció estallar por cuenta de la decisión de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, de no recibir las críticas formuladas semanas atrás por distintos sectores de la comunidad.

“Estamos en desacuerdo que se cuestione abiertamente la legitimidad de nuestra institucionalidad, cuando está claro que son muchos los problemas estructurales de la economía en general, así como la falta de medidas que ayuden a mejorar la productividad y la competitividad de la actividad agraria”, señala la SAC en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

“Sorprende que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya tradición ha sido la institucionalidad, la descalifique y lance críticas poniendo en entredicho la labor gremial y la gestión de muchos años de trabajo. Sobre todo en un país como el nuestro, caracterizado por tener un amplio desarrollo institucional, que ha sabido sortear y soportar por largo tiempo diversos problemas que golpean el bienestar de pequeños, medianos y grandes productores”, agrega el comunicado enviado por la entidad pero sin firma responsable.

Y agrega más adelante: “Lo grave de la situación estriba en que este tipo de comentarios se basan en acontecimientos como los paros registrados semanas atrás, en donde la representatividad de la institucionalidad se vio opacada, dándole importancia a las vías de hecho para solucionar una coyuntura.

“La manera como se resolvió el paro cafetero, particularmente, y luego los comentarios del Gobierno en un momento coyuntural como este, lo único que proyectan es una imagen deformada y un mensaje equivocado sobre la credibilidad de los gremios, organizaciones e instituciones campesinas, incluidas las del mismo Gobierno.

“El Estado es el encargado de resolver los problemas que afectan al sector y trabajar por asegurar una tasa de cambio competitiva, una política comercial benéfica, atacar al contrabando, dotar de recursos suficientes para financiamiento, disminuir los costos de producción, concretar la infraestructura necesaria e incrementar la seguridad y mantener el orden público.

“La situación nos lleva a exigir respeto y a defender la institucionalidad y a seguir trabajando por aquellos productores que por muchos años han creído y crecido con nosotros suministrando alimentos y bienestar al sector rural y urbano”, concluye el documento.