Este martes, en la Comisión Primera del Senado, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, fija la posición del Gobierno Nacional en relación con el proyecto de Acto Legislativo Número 04 de 2012, sobre compra de tierras en Colombia por extranjeros y seguridad alimentaria.

Según el titular de la cartera agrícola “La seguridad alimentaria del país (que afortunadamente es satisfactoria) no va a preservarse ni a mejorarse sacando a “escobazos jurídicos”a la inversión extranjera del agro”.

Dijo también que “El progreso del empleo en el campo, del desarrollo rural y de la asociatividad campesina, no se benefician, sino que más bien podrían perjudicarse, si la inversión extranjera se prohíbe en este sector”.

La Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de Agricultura entregó un documento de ocho puntos para resumir los puntos que argumentará el ministro en la célula legislativa, así:

1.- No resulta conveniente prohibir o espantar la inversión extranjera en tierras o agroindustria en Colombia.

Según las cifras del Banco de la República, apenas el 2% de la inversión extranjera que está llegando al país lo hace para hacer inversiones en tierras o en agroindustria; el 98% restante está llegando a sectores tales como hidrocarburos, minería, industria manufacturera, transporte y servicios.

2.- Lo importante no es ahuyentar la inversión extranjera en el agro: lo fundamental es controlarla bien, y cerciorarse que ella promueva avances tecnológicos, empleo, vocación exportadora y capital para mejorar la infraestructura rural colombiana, e igualmente que promueva más empleo rural.

3.- En vez de prohibirla, lo que es fundamental es verificar que la inversión extranjera no llegue a comprar tierras para dejarlas “engordar”, sino para ponerlas a producir o para mejorar la productividad de las que ya están en explotación.

4.- El Gobierno ha propuesto en el proyecto de Ley de “Tierras y de Desarrollo Rural” (que se encuentra actualmente en consulta con las comunidades étnicas), que los baldíos no se podrán adjudicar en ninguna circunstancia a extranjeros. Esta postura la mantiene el Gobierno.

5.- La seguridad alimentaria del país (que afortunadamente es satisfactoria) no va a preservarse ni a mejorarse sacando a “escobazos jurídicos” a la inversión extranjera del agro. ¡A esta hay que controlarla pero no ahuyentarla, como en la práctica lo hace el acto legislativo que se empieza a discutir en la Comisión Primera del Senado!

6.- No podemos caer en un chauvinismo agrario, ni tampoco en la falta de técnica jurídica a lo que conduciría elevar este tipo de prohibiciones a rango constitucional; lo que podría entrar además en colisión con los compromisos internacionales de protección a la inversión extranjera que ha suscrito Colombia.

7.- ¿Si está permitida la inversión extranjera en bancos, en servicios, en telecomunicaciones, en infraestructura, en industria manufacturera, porqué no puede haberla (bien controlada desde luego) en actividades rurales

8.- El progreso del empleo en el campo, del desarrollo rural y de la asociatividad campesina, no se benefician, sino que más bien podrían perjudicarse, si la inversión extranjera se prohíbe en este sector. Lo que el Gobierno piensa es que la inversión extranjera debe regularse en el campo – lo mismo que en otros sectores -- de manera adecuada, asegurando la transferencia de tecnología que ella comporta y velando para que su presencia se ponga al servicio de los intereses de la modernización rural del país