Así lo refleja el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, estudio elaborado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - que evidencia enormes inequidades territoriales en diez países de América Latina, a través del estudio de diversas dimensiones económicas y sociales explicativas de la pobreza y la desigualdad.

El Informe incluye un estudio de caso de una experiencia de desarrollo territorial en Colombia: Movimiento cooperativo y social en las provincias del sur de Santander, caso que es analizado como una experiencia positiva en estrategia y desarrollo territorial.

Colombia no escapa a una tendencia presente en diversos países de la región: las enormes brechas que separan a los territorios de Colombia y la desigualdad de oportunidades entre los colombianos que viven en las zonas más prósperas y los que habitan en los territorios más rezagados. Así lo demuestra el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, investigación cualitativa y cuantitativa elaborada por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - que constató las enormes desigualdades territoriales en América Latina, a partir del estudio de diez países (Colombia entre ellos), encontrando la existencia de grandes brechas entre territorios al interior de cada país.

El Informe fue presentado en un seminario convocado por el Grupo Diálogo Rural (GDR) Caribe, el proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp y el Observatorio del Caribe Colombiano. Los resultados de este estudio regional fueron presentados por la doctora Claudia Serrano, directora ejecutiva de Rimisp y ex ministra de Trabajo del gobierno de Michelle Bachelet, en Chile, y el doctor Antonio Hernández Gamarra, ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y ex Contralor de la República.

“La región Caribe colombiana presenta los más preocupantes índices de pobreza rural en el país, y por eso escogimos a Cartagena para realizar el lanzamiento del Informe, con el ánimo de promover el debate sobre este tema”, indicó Santiago Perry, Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia.

Los territorios más rezagados en Colombia y en los diez países estudiados presentan patrones comunes: son más rurales; tienden a tener una mayor proporción de población perteneciente a pueblos indígenas o afro descendientes; y tienden a estar más alejados de las capitales nacionales y de las grandes ciudades.

Entre los datos que revela el informe se encuentran algunos ejemplos claros de desigualdades entre territorios en diferentes dimensiones del bienestar Una brecha importante se observa en la tasa de matrícula en el segundo nivel de enseñanza. La tasa promedio simple departamental de matrícula secundaria es de 57,5% para 2010, sin embargo, en un extremo destacan Cundinamarca y Bogotá DC con una tasa cercana a 75%, y en el otro los departamentos de Vaupés y Guainía que tienen tasas menores a 30%.

Otro ejemplo es la composición de la participación laboral entre los territorios más aventajados y menos aventajados. Los cinco departamentos más prósperos del país tienen un 8% de población afro descendiente o perteneciente a pueblos indígenas, mientras que la pertenencia a pueblos originarios o afro descendientes es de un 33% en los cinco departamentos más pobres del país.

Una de las tasas más altas que registra Colombia, en comparación al resto de la región, es la tasa de muertes promedio por causas externas que el año 2008 fue de 19,6%. También acá se registran diferencias territoriales, en un extremo, en tres departamentos (Arauca, Guaviare y Putumayo) esta tasa fue mayor a 30%; mientras que en el otro extremo, en otros tres departamentos (Boyacá, Cundinamarca y Atlántico) esta tasa fue menor a 12%.

La tasa de pobreza, en tanto, también muestra diferencias importantes. Las estadísticas de 2009 muestran en un extremo a Chocó y Cauca, con índices superiores al 70%, mientras que en el otro extremo se ubica Bogotá, con un porcentaje de 22%. Los tres departamentos que siguen a Chocó y Cauca son Sucre, Córdoba y La Guajira que promedian un 67,6%, los tres de la región Caribe, donde se presenta el informe y donde está trabajando el Grupo Diálogo Rural Caribe (GDR Caribe).

El Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 consta de dos partes. En la primera, aborda cifras para las dimensiones de educación, salud, dinamismo económico y empleo, ingreso y pobreza, seguridad ciudadana y género de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. La segunda parte analiza estas desigualdades con relación al papel que desempeñan las políticas sectoriales. El estudio sostiene que una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no impactar a otros y afectar negativamente a un tercero.

El estudio también aborda el papel y las capacidades de los propios territorios. Para ello, se consideraron indicadores de capacidad de gestión de los gobiernos locales -que dan cuenta de las desigualdades entre los territorios-, para luego presentar dos casos exitosos de desarrollo territorial, promovidos desde la sociedad civil , uno registrado en Perú y otro en Colombia. El caso de éxito en el desarrollo endógeno local en Colombia es el del movimiento cooperativo del sur del departamento de Santander, conocido como “Santander, Territorio Solidario”, una iniciativa con más de sesenta años de historia, originalmente promovida por la Pastoral Social de la Diócesos de Socorro y San Gil, y ampliamente reconocida por sus logros en la formación de economía solidaria y de procesos locales de participación ciudadana.

Para graficar que algunas políticas públicas implementadas en los países estudiados no solo no solucionan las desigualdades territoriales sino que las aumentan o las mantienen, el Informe abordó tres experiencias: la política educativa escolar, en Chile; los programas de desarrollo rural, en México; y el Bono de Desarrollo Humano, en Ecuador.

El Informe evidenció, además, que en materia de pobreza y desigualdad, en América Latina hay dos grandes tipos de problemas que se concentran territorialmente: en las zonas urbanas, las principales dificultades surgen a partir de la inseguridad ciudadana y la desigualdad de ingresos. En cambio, en zonas rurales, los obstáculos para el desarrollo se relacionan con la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación o acceso a empleo en actividades no agrícolas.

La experiencia colombiana de economía solidaria que se analiza a continuación tiene lugar en el Sur del Departamento de Santander, específicamente, en tres provincias: Vélez, Comunera y Guanentá, cuyas capitales son respectivamente Vélez, Socorro y San Gil. Se trata de un proceso social, cultural y económico que impacta -a lo menos- en 436 mil 811 habitantes de 52 municipios del Sur de Santander. El número de socios de las cooperativas presentes en el territorio asciende a más de 120 mil 000 personas, que constituyen cerca del 30% del total de la población.

En esa zona hoy existe una red de cooperativas de trabajo asociado, de vivienda, de producción, y de ahorro y crédito con miles de socio/as, y se ha logrado un desarrollo socio-comunitario que ha generado la presencia de numerosas organizaciones sociales, la creación de nuevas instituciones, el mejoramiento en las condiciones de vida de la población y la conformación de nuevas relaciones sociales.

A la fecha existen resultados sobresalientes. Son 147 cooperativas funcionando con éxito; más del 25% de la población asociado a cooperativas; una red de organizaciones sociales con más de 200 organizaciones comunitarias (entre ellas 19 asociaciones de mujeres); múltiples procesos educativos que trabajan fortaleciendo y desarrollando capacidades; una red de 33 estaciones de radio y televisión comunitarias, y numerosas obras públicas importantes que son fruto de presiones y acciones de la población, entre muchos otros logros que pueden mencionarse. “No hay en el país otra experiencia de economía solidaria de esta magnitud” afirmó el histórico líder de este proceso, Miguel Fajardo, ahora director del Centro de estudios en economía solidaria de la Universidad de San Gil.

Un total de 117 mil personas asociadas en 147 cooperativas, poseen actualmente un patrimonio combinado superior a los 46 millones de dólares, como fruto del proceso de economía solidaria que ha tenido lugar allí.